El Reglamento General a la Ley de Integridad Pública, publicado este 23 de julio de 2025, formaliza las competencias del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) en la administración del registro público de la EPS, la coordinación de mecanismos de contratación pública, y la gestión del sistema nacional de información sectorial.

A partir de esta disposición, el IEPS será el encargado del Registro Único de la EPS (RUEPS), en el que deberán inscribirse las personas y organizaciones amparadas por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), para acceder a los beneficios de ley. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) mantendrá la atribución de otorgar personalidad jurídica a asociaciones, cooperativas y organizaciones comunitarias, notificando al IEPS para su inscripción o baja en el RUEPS.

En el ámbito de la contratación pública, el IEPS colaborará con el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y los ministerios responsables en el diseño del Estudio de Inclusión, que permitirá fomentar la participación local de actores de la EPS, artesanos, negocios populares y emprendedores en procesos de compra pública. También será el encargado de emitir el informe técnico que defina los bienes y servicios que podrán ser adquiridos mediante Ferias Inclusivas, que deberá ser aprobado por el SERCOP y el MIES.

La normativa reafirma además el acceso preferente de los actores de la EPS al sistema de contratación pública. Para beneficiarse de estos mecanismos, deberán estar inscritos y acreditados en el RUEPS, lo cual será reflejado en el Registro Único de Proveedores (RUP). A través del Catálogo Dinámico Inclusivo, productos y servicios de la EPS, la agricultura familiar campesina y emprendimientos liderados por mujeres podrán ser contratados prioritariamente por el Estado.

Con estas reformas, el IEPS consolida su papel fundamental como articulador técnico en los procesos de contratación pública para la EPS, generando las condiciones necesarias para que los emprendimientos y organizaciones de este sector económico accedan a la compra pública con transparencia y equidad.